En la década del 40' comienza a gestarse la necesidad de crear una ley que contemple cuestiones relacionadas con la práctica profesional, sobre todo respecto a la tramitación de los juicios sucesorios. De esta manera, nace la idea de crear un ente con personería jurídica y autárquica encargado de tal fin.

"La profesión no es un comercio sino una actividad que implica confianza personal o científica, en cuya virtud una persona se entrega en manos del profesional, que deberá cobrar lo que marca la ley de aranceles por motivos de interés público superiores al orden económico y análogo a los que determina la fijación de los salarios, el cierre del comercio, las vacaciones, etc y naturalmente más elevados que ellos en razón de los intereses espirituales, culturales y demás que tienen atenencia con la justicia".