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El Presidente de la Caja Forense recibió a abogadas previsionalistas preocupadas por la fijación de honorarios de la Ley de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados

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 El Presidente de la Caja Forense 2° Circunscripción, Juan Manuel Costantini, recibió a un grupo de abogadas previsionalistas, quienes expresaron su preocupación por lo dispuesto por la ley N° 27.260, denominada Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, respecto de la determinación y pago de los honorarios de los profesionales del derecho. En ese sentido, calificaron de “insuficiente e irrisoria” la suma de 500 pesos estipulada “por las tareas de asesoramiento y patrocinio extrajudicial y judicial que fija el Estado deudor” y consideraron “importante que la sociedad toda se encuentre en conocimiento real de las consecuencias alcanzadas por la ley”, pues observaron “información confusa” y remarcaron que al aceptar el convenio “el beneficiario estaría renunciando a derechos constitucionales así como adquiridos”. Costantini, por su parte, expresó que la "Caja Forense no se mantendrá al margen de esta cuestión y canalizará a las autoridades todas las observaciones y cuestionamientos a fin de salvaguardar los derechos alimentarios de los profesionales del derecho". 
 Durante el encuentro, celebrado en la sede de la Caja Forense y del que participó Pablo Barceló, asesor legal de la Caja, las previsionalistas expresaron a Costantini sus opiniones y preocupación respecto de numerosas cuestiones vinculadas a la redacción de la norma y la vulneración de derechos de los profesionales del derecho, así como el impacto que ésta pueda tener en la relación entre los abogados y procuradores y sus clientes.  

 Fue en ese contexto que rechazaron “la imposición de exiguos honorarios establecidos por la reglamentación” y reivindicaron “la facultad y necesidad inalienable de cada ciudadano de hacerse asesorar por un letrado, a los fines de tomar la mejor decisión en su caso concreto sobre la conveniencia o no de adherir al programa”.  

 A su turno, Costantini manifestó que “la defensa de los honorarios profesionales de los abogados y procuradores, un pilar fundamental de la Caja Forense, está íntimamente ligada a la dignidad como profesionales, constituye un derecho y se relaciona estrechamente con el respeto por nuestra labor”, por lo que adelantó que la institución participará activamente para corregir esta situación.  

 Asimismo, el Presidente de la Caja Forense resaltó: "Si bien se puede compartir la política de Estado trazada para beneficiar a los jubilados y pensionados, estamos en desacuerdo con la reglamentación y la implementación. Los profesionales del derecho no tenemos que dejarnos avasallar y perjudicar por una norma que no estaría respetando la división de poderes, obligando a los jueces a regular un monto de honorarios fijo que no guarda proporción con la labor profesional desplegada ni con los montos comprometidos en los reajustes".  

 Por último, Costantini fue contundente al señalar que "tiene que quedarle claro a los distintos gobiernos que donde hay trabajo profesional hay derecho al cobro de honorarios y que el obligado al pago es quien solicita el asesoramiento y trabajo profesional, no teniendo motivo alguno para intervenir el Estado en la fijación de nuestros honorarios". 

Con todo, el Directorio de la Caja Forense se abocará en los próximos días a analizar esta cuestión.

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