Fue en ese contexto que rechazaron “la imposición de exiguos honorarios establecidos por la reglamentación” y reivindicaron “la facultad y necesidad inalienable de cada ciudadano de hacerse asesorar por un letrado, a los fines de tomar la mejor decisión en su caso concreto sobre la conveniencia o no de adherir al programa”.
A su turno, Costantini manifestó que “la defensa de los honorarios profesionales de los abogados y procuradores, un pilar fundamental de la Caja Forense, está íntimamente ligada a la dignidad como profesionales, constituye un derecho y se relaciona estrechamente con el respeto por nuestra labor”, por lo que adelantó que la institución participará activamente para corregir esta situación.
Asimismo, el Presidente de la Caja Forense resaltó: "Si bien se puede compartir la política de Estado trazada para beneficiar a los jubilados y pensionados, estamos en desacuerdo con la reglamentación y la implementación. Los profesionales del derecho no tenemos que dejarnos avasallar y perjudicar por una norma que no estaría respetando la división de poderes, obligando a los jueces a regular un monto de honorarios fijo que no guarda proporción con la labor profesional desplegada ni con los montos comprometidos en los reajustes".
Por último, Costantini fue contundente al señalar que "tiene que quedarle claro a los distintos gobiernos que donde hay trabajo profesional hay derecho al cobro de honorarios y que el obligado al pago es quien solicita el asesoramiento y trabajo profesional, no teniendo motivo alguno para intervenir el Estado en la fijación de nuestros honorarios".
Con todo, el Directorio de la Caja Forense se abocará en los próximos días a analizar esta cuestión.